La ministra de Sanidad Política, Social e Igualdad, Leire Pajín, subraya los avances de España en igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad
•Durante la jornada “La Política sobre Discapacidad en el horizonte 2020”
•En el acto se ha presentado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, aprobada el pasado 14 de octubre por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es servir de marco de referencia integral y directriz para el desarrollo de todas las políticas públicas en materia de discapacidad
•España es uno de los primeros países del mundo que ha aprobado la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la legislación nacional que afectan a todos los ámbitos de la vida
2 de noviembre de 2011. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha resaltado hoy los avances en materia de discapacidad que ha promovido el Gobierno de España en las dos últimas legislaturas. Entre ellos, la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que convierte a nuestro país en uno de los pioneros en esta materia.

“Si logramos integrar a las personas con discapacidad, además de un país más justo, haremos un país más fuerte porque no hay nada más caro e insostenible que un país desigual”, ha manifestado Leire Pajín durante su intervención en la inauguración de la jornada “La Política sobre Discapacidad en el horizonte 2020”, celebrada en Alicante, uno de cuyos objetivos ha sido la presentación de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, aprobada el pasado 14 de octubre por el Consejo de Ministros con el objetivo de facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos de forma efectiva y real.

“La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supone la consagración de un nuevo enfoque de las políticas sobre discapacidad, basado en los derechos humanos y superando definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad”, ha señalado la ministra, quien ha garantizado que el Gobierno “no dará un paso atrás en políticas sociales”.

Según Pajín, “si hay voluntad política se harán presupuestos austeros en lo superfluo, pero comprometidos en lo social”. Asimismo, ha añadido que “no se puede pedir más esfuerzo a los más vulnerables sino a los que más recursos tienen”.

España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar, el 30 de marzo de 2007, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. El pasado mes de septiembre el Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sometió a España a un examen sobre el cumplimiento de la Convención, “una prueba que superó con buenos resultados”, ha añadido Leire Pajín.

“Además, fuimos de los primeros países en modificar nuestra legislación por medio de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ha recordado, quien ha subrayado “el paso tan importante que se ha dado en la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad”.

Según Pajín, esta nueva Ley “introduce las reformas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, incorpora la definición legal de persona con discapacidad y extiende la aplicación de las medidas de defensa jurídica a las personas con discapacidad”.

Asimismo, la ministra ha hecho referencia al avance que supone la inclusión en la Ley General de Sanidad de la discapacidad como “nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las administraciones públicas sanitarias”.

En materia de accesibilidad ha destacado la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal, mediante la cual se eleva a un 4% los proyectos de viviendas protegidas adecuadas para garantizar el acceso y la seguridad de las personas con discapacidad.

Por otra parte, ha recordado que en el plazo de un año se debe remitir a las Cortes Generales “un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida”.

“A pesar de la crisis económica –ha añadido- se ha mantenido un nivel de gasto público social significativo, de modo que no han quedado afectadas las prestaciones concretas a la ciudadanía y tampoco las subvenciones y ayudas a las organizaciones”.

Fuentes:
msps.es

Categorías: Noticias

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